El 01 de enero de 2023 se produjo la apertura del tránsito terrestre vehicular binacional a través de la inauguración operativa del puente internacional Atanasio Girardot. Esta medida de los gobiernos de Colombia y Venezuela ha creado enormes expectativas, ya que ha clausurado un tiempo de hostilidades entre los poderes estatales que derivaron en rupturas de relaciones, en la clausura de la movilidad transfronteriza formal y en políticas de excepción que perjudicaron la economía y los derechos civiles de la población.
Este hecho marca un hito en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas entre las dos naciones. Además, plantea un escenario de restitución de condiciones institucionales y de infraestructura básicas para favorecer la garantía de los derechos de la ciudadanía, y recrea la esperanza de consolidar un modelo de relaciones centrado en el desarrollo social para esta región fronteriza.
Cabe subrayar que el periodo de escalada de conflictividad que redundó en la fractura de las relaciones binacionales, se inició de manera explícita en 2008, por medio de tensiones diplomáticas y medidas que determinaron el declive del intercambio comercial; y la misma se agudizó en 2015 con el cierre de los puentes internacionales así como la instauración de medidas de excepción sesgadas e indefinidas por parte de los dos gobiernos; y posteriormente, con los hechos violentos irregulares dados en los puentes internacionales en febrero de 2019.
Por supuesto, la dinámica de conflictividad reseñada derivó en la contracción del sistema de relaciones de la frontera colombo- venezolana. En el ámbito económico sobresalen en primer lugar, el descenso del intercambio comercial formal, el cual registró dos puntos críticos de declive: entre 2008 y 2010 del 76%, y entre 2015 y 2019 del 90%, y, en segundo lugar, el ascenso de estructuras ilegales que desbordaron a los Estados y lograron el dominio de los flujos económicos informales en el contexto de disputas territoriales por el control de las denominadas trochas.
Por otra parte, la ruptura absoluta de relaciones diplomáticas entre los poderes estatales de las dos naciones derivó en el cese de la atención consular; en la instauración de medidas de excepción y de ausencia de garantías de derechos, en un contexto de déficit institucional; y en la agudización de las referidas disputas territoriales entre grupos irregulares (en el marco de un proceso de expansión del conflicto social-político-armado originado en Colombia hace más de medio siglo), mediante lo cual esta región fronteriza asumió la función de teatro de operaciones de una guerra de mediana intensidad.
El periodo de crisis de la región fronteriza significó toda una hecatombe económica, así como una erosión del Estado de derecho (la presencia del poder estatal se enfatizó en un enfoque de elevada presencia militar y policial), elementos que en conjunto exacerbaron una crisis de marginación y de violencia estructural, con profundas raíces históricas y con devastadores efectos para los derechos de la población.
Sin embargo, la ciudadanía y la sociedad civil de esta región fronteriza binacional ejercieron una resistencia notable para contrarrestar los efectos nocivos de la crisis. Con base en su sistema de relaciones sociales y culturales (de alcance genealógico), logró preservar su tejido social para la búsqueda de medios de vida, para asegurar el abastecimiento y satisfacer necesidades esenciales (una función histórica de este nodo fronterizo), e incluso, para salvaguardar la vida de personas con necesidades de protección mediante redes de cooperación y solidaridad, en un escenario complejo porque se yuxtapone con el éxodo migratorio venezolano y con la pandemia del coronavirus, y muy hostil por la guerra de entre factores irregulares.
Esa resistencia se cristalizó en instancias de organización y de diálogo entre diversos actores sociales, económicos, políticos, culturales y académicos, para que las demandas legítimas de reposición de las relaciones binacionales y para la búsqueda de fórmulas que permitan contrarrestar las repercusiones de la crisis. Por supuesto, el ascenso de Gustavo Petro al gobierno de Colombia fue un hecho decisivo para crear las condiciones de encuentro entre los dos gobiernos.
Después de la tempestad que enfrentó esta región fronteriza (cuyos efectos resultaron visibles para cualquier transeúnte habitual), este nuevo periodo significa todo un renacimiento cimentado en: la restitución de relaciones diplomáticas y comerciales, pero primordialmente en las perspectivas de diseñar un nuevo modelo de relaciones fundado en las características y ventajas geográficas, económicas y de infraestructura de la región con el propósito de establecer una región económica binacional para el desarrollo y para la garantía de los derechos de la población.
Por supuesto este renacimiento no está exento de contradicciones. Hasta el momento el intercambio comercial formal sigue siendo superado por los flujos de economía informal. Aún se precisa de sinergia institucional para enfrentar y mitigar los factores que perjudican los derechos de la ciudadanía. Y lógicamente, la transición hacia un nuevo modelo de relaciones enfrenta enormes desafíos, relacionados con la estabilidad política de los gobiernos, con las realidades económico-financieras en un contexto global signado por la inminencia de una nueva gran recesión, y por la complejidad de un conflicto armado de larga data (cada vez más difuso) que se mantiene vigente.
No obstante, es un tiempo de esperanza, se han abierto las alamedas para renovar nuestras tradiciones de hermandad e integración, y también para reconstruir desde las cenizas una región económica binacional que se tejió así misma en el siglo 19 sobre la base de la cadena de valor del café, una región con un enorme potencial para coadyuvar a las economías de las dos naciones. Nuestras sociedades política y civil tienen el reto de materializar tan significativos propósitos
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