Reflexiones sobre la nueva oleada de violencia en la frontera colombo- venezolana

Por: Jorge Forero Coronel

Durante los últimos meses hemos presenciado un escalamiento de hechos de violencia en localidades de la frontera colombo-venezolana, en particular en las ubicadas en el nodo de la depresión del Táchira, en el que se integran el departamento de Norte de Santander por Colombia y el estado Táchira por Venezuela.

Se trata de un corolario de incidentes reseñados en los medios de comunicación, entre los que sobresalen la detonación de artefactos explosivos en pleno centro de Cúcuta y en Ureña, asesinatos selectivos, e incluso masacres y acciones de violencia cruenta similares a las ocurridas en tiempos de avanzada paramilitar sobre la región.

Por supuesto, esta dinámica de exacerbación -en frecuencia e intensidad-  de la violencia ha encendido las alertas de las autoridades en los días recientes, quienes han denunciado la presencia beligerante de grupos armados ilegales en la linealidad fronteriza, y han declarado su decisión firme de enfrentar el problema.

Sin embargo, es preciso subrayar que para esta región no es una novedad la presencia de grupos armados ilegales y la ejecución de hechos de violencia cruenta, en medio de disputas territoriales de alcance geopolítico, pero orientadas  primordialmente a lucha por la captación de rentas asociadas a las dinámicas de las economías ilegales.

En tal sentido, consideramos necesario identificar los factores que determinan el aumento de la violencia de la actualidad, para comprender sus tendencias históricas y también para precisar sus particularidades. Es necesario subrayar que esta oleada de violencia está enmarcada en un proceso de recomposición del conflicto político, social y armado originado en Colombia hace más de medio siglo, en cuyo devenir sobre esta región fronteriza binacional ha experimentado mutaciones complejas, las cuales se han acentuado en la última década ante los siguientes elementos:

• El incumplimiento intencionado del Estado colombiano al Acuerdo de Paz suscrito con las FARC- EP, tanto en relación con la construcción de paz, como con los compromisos suscritos para mitigar los factores estructurales de la guerra;
• El paramilitarismo como fenómeno de agudización de la guerra, tanto en su versión residual de las Autodefensas Unidas de Colombia que dominaron esta región; como en su versión más contemporánea: el neoparamilitarismo del denominado Clan del Golfo, organización que ha adelantado una campaña de expansión sobre el área metropolitana de Cúcuta en una guerra declarada contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
•  La función de la subregión del Catatumbo como el principal enclave de producción de hoja de coca a gran escala para el mercado mundial;
•  La transnacionalización del conflicto, fenómeno que ha desbordado la presencia de actores armados irregulares provenientes de Colombia en jurisdicción venezolana, y se ha agudizado hasta cotas inéditas en una guerra entre factores insurgentes, paramilitares, agentes del crimen organizado y mafias paraestatales, lo que ha derivado en que el territorio venezolano también funcione como un teatro de operaciones de una guerra de enorme complejidad.
• La novedosa presencia de actores armados hamponiles como el denominado Tren de Aragua (grupo que también está enfrentado en una guerra sin cuartel con el ELN), en el contexto de la migración venezolana y de la crisis desencadenada por el cierre del tránsito fronterizo y la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia.

A este conjunto de elementos vinculados de manera orgánica con la dinámica del conflicto armado, hay que agregarle un factor que valoramos como sustantivo: la actuación errática de los poderes estatales en los últimos años, traducida en una debilidad institucional agravada por una diplomacia hostil y delirante, y también por los sesgos estratégicos de ambos gobiernos en función de intereses particulares, cuyo resultado ha sido la ausencia de políticas de Estado centradas en el bienestar de la población de la frontera.

Precisamente esta tendencia de ejercicio errático en la política en relación con la frontera, ha redundado en la instauración de medidas de Excepción y en acciones centradas en la securitización de las relaciones de la sociedad, elementos que en conjunto han erosionado a la sociedad civil y han lesionado de manera severa las garantías de los derechos para la ciudadanía.

Ante el escenario descrito, vale decir que apoyamos la preocupación y la acción enérgica de las autoridades de ambas naciones para aminorar esta situación. No obstante, consideramos que es necesario un abordaje integral de la problemática (para trascender la visión reduccionista que pretende enfrentar un problema multidimensional y complejo, únicamente desde un enfoque militar y policial); de igual manera se requiere de una acción coordinada entre los dos poderes estatales, bajo el entendido de que el fenómeno afecta a los dos países y resultaría absurdo atenderle de manera aislada.  

Por último y no menos importante, la actuación de los poderes estatales en el contexto de esta nueva realidad de violencia, debe demostrar que ha aprendido la lección, y por ende, asumir que la prioridad es la seguridad de los derechos de la ciudadanía, lo que implica la obligatoriedad de crear e implementar políticas públicas dirigidas a mitigar la marginación estructural de las poblaciones residentes y transeúntes de este nodo fronterizo, sobre la base de un ejercicio de coordinación binacional que permita el desarrollo social y económico centrado en lo humano de esta región, a partir de las enormes potencialidades que convergen en esta geografía.