José Ospina-Valencia (DW)
Aún tras el Acuerdo de Paz, grupos ilegales siguen sembrando minas antipersonales en Colombia, matando e hiriendo a miles de personas. El desminado humanitario es una esperanza, pero las víctimas son demasiadas.
«En una mañana con mucha neblina salimos a limpiar y medir árboles con mi esposa. Íbamos por el camino habitual cuando de pronto estalló una mina que me levantó por los aires», relata a DW Jorge Enrique Pino Santacruz, de 52 años, desde San Alfonso, en las montañas de Balboa, departamento del Cauca, en el suroccidente profundo de Colombia.
Una región de cordilleras fértiles, verdes y floridas, en donde algunos dicen sentirse «más cerca al cielo». Pero lo que el agricultor Jorge Pino vive desde hace cinco años es el infierno: «Perdí la pierna izquierda y me afectó la columna. Quedé incapacitado. No puedo trabajar», clama Pino.
«El número de víctimas de minas antipersonales en Colombia se acerca a las 11.000, entre civiles y militares, desde que el Estado lleva un registro», explica a DW el politólogo Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana Contra Minas» (CCCM), una ONG cuyo trabajo humanitario de prevención y desminado es también apoyado por Alemania.
Las víctimas: casi tantos civiles como agentes armados
Según Jiménez, si bien el 58 por ciento de las víctimas, entre muertos y heridos, han sido miembros de las Fuerzas Armadas o grupos ilegales, el 42 por ciento han sido civiles.
En los años tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el país ha visto una disminución del número de personas lesionadas por minas. «Entre 2006 y 2007, tuvimos en Colombia cerca de 1.300 víctimas en el lapso de un año. Un promedio de 3,8 personas por día, uno de los más altos índices de víctimas nuevas en el mundo, después de Afganistán», destaca el analista, con un máster en Derechos Humanos.
Aún así, grupos disidentes y de economías ilícitas siguen atacando con minas antipersonales, especialmente en los departamentos de Antioquia, Arauca y Nariño, «pero hoy también están sembrando minas en regiones del Cauca, Chocó, Bolívar, el Catatumbo y Guaviare. Los grupos de actores armados no estatales, llámense ELN, disidencias de la segunda Marquetalia o del Estado Mayor Central, Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas siguen utilizando explosivos, minas antipersonales y otros artefactos», insiste el director de la CCCM, asesor de la delegación del Gobierno de Colombia en las negociaciones de paz con el ELN.
Las minas antipersonales usadas en Colombia son, por lo general, artesanales, fabricadas por los mismos grupos que las ponen. «En 1999, estas minas fueron prohibidas por el Tratado de Ottawa. Antes de ello, se producían en 54 países, incluida Alemania», apunta la ONG alemana Handicap International. Hoy, China, Rusia, Myanmar, Corea del Norte y Estados Unidos siguen produciendo estos artefactos, que cada año matan o dejan mutiladas a unas 26 mil personas, como el agricultor Jorge Pino.
Muchos avances, demasiadas víctimas
Según el director de CCCM, Colombia ha reforzado su lucha contra el uso de esta arma, que no distingue si quien la pisa es un agente armado o un civil: «En los últimos 20 años, el país ha desarrollado una normativa institucional vigorosa frente a las víctimas; promoviendo la educación sobre el riesgo con acciones de prevención y adelantando el desminado humanitario».
Esto significa que excombatientes trabajan en la «eliminación de los peligros de artefactos explosivos, incluidos estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, documentación, enlace comunitario de acción contra las minas y la entrega de tierras despejadas», explica. Una tarea que realizan desde Humanicemos DH, una Organización para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), surgida del Acuerdo de Paz.
Mientras tanto, muchas de las casi 11 mil víctimas de las minas antipersonales del conflicto colombiano sufren sus secuelas y luchan por sobrevivir, por segunda vez, como Jorge Pino: «Pido urgentemente el cambio de mi prótesis y no recibo ni una libra de arroz», clama desde su parcela, expresando, además, su preocupación por la financiación del estudio de sus tres hijos.
La guerra es prueba del fracaso de una sociedad
Además de haber quedado incapacitado por una mina antipersonal, su casa ha sido afectada por avalanchas en los últimos años. «Quiero que en Colombia y el mundo se den cuenta que los civiles como yo, aunque nada tiene que ver con la guerra, somos los más perjudicados».
¿Cómo explicarle al mundo, y a la otra Colombia ajena a la guerra en su propio país, las dimensiones de la violencia, de la degradación? Para Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal es evidente: «Todos los conflictos armados que se extienden en el tiempo se degradan hasta volverse insoportables. Lo que vive Colombia es un proceso de degradación de una confrontación armada que supera ya tres generaciones. Su persistencia demuestra la incapacidad de toda la sociedad y la guerrilla colombianas para parar la guerra».
Desde las cordilleras del Cauca, Jorge Enrique Pino hace un pedido, muy grande y muy claro: «¡Tengan en cuenta a las víctimas y paren la guerra!».
Fuente: José Ospina-Valencia (DW) – (rml)
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